El proyecto vial Ruta del Sol 3 en el Cesar regresó al centro del debate nacional. El senador Didier Lobo lideró un control político en el Congreso de la República. El congresista exigió respuestas claras sobre los retrasos y conflictos contractuales del corredor. La obra es vital para la competitividad de todo el departamento.
El debate ocurrió en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Participaron la ANI, el Ministerio de Transporte, la concesionaria Yuma y autoridades ambientales. También asistieron alcaldes de varios municipios del Cesar afectados por la parálisis de los trabajos.
Alerta por cláusulas de suspensión en la Ruta del Sol 3 en el Cesar
Didier Lobo denunció un preocupante “otrosí” firmado en diciembre. Según el senador, este documento permitiría cancelar obras tras 540 días de suspensión. Esta cláusula dejaría al departamento con una doble calzada incompleta. El congresista calificó esta decisión como «perversa» para los intereses de la región.
Actualmente, existen cerca de 28 kilómetros pendientes por construir en el departamento. La incertidumbre afecta a comunidades y sectores productivos que esperan la vía hace 15 años. El senador insistió en que los recursos deben garantizar la culminación total del proyecto.
Puntos críticos: El conflicto en Bosconia y tramos pendientes
Uno de los sectores más afectados es el municipio de Bosconia. Allí, la variante permanece inconclusa debido a problemas con un cerro y la presencia de familias indígenas. Este conflicto social y ambiental no ha sido resuelto por las autoridades competentes. Sin esta obra, el tráfico y los riesgos viales en la zona urbana seguirán aumentando.
Como resultado del debate, se acordaron mesas de trabajo con la Gobernación y los alcaldes. El objetivo es revisar cada punto crítico y destrabar la ejecución técnica. Para el Cesar, este corredor es la conexión principal con el Caribe y el interior del país.
Lobo fue contundente en su mensaje final al Gobierno nacional. La Ruta del Sol 3 en el Cesar debe entregarse completa. No se aceptarán entregas parciales al 80 % o 90 %. La meta institucional es alcanzar el 100 % de la infraestructura prometida.