La Universidad Popular del Cesar enfrenta una nueva tormenta tras las declaraciones de Álvaro Javier Iglesias Ibarra, demandante de la elección de Guillermo Echavarría. Iglesias, quien fuera jefe de Planeación de la alma mater, señaló directamente al exrector Rober Romero Ramírez como el principal causante de la inestabilidad jurídica que hoy mantiene al rector suspendido por orden del Consejo de Estado.

Según el demandante, la medida cautelar que frenó el periodo de Echavarría se fundamenta en un incumplimiento claro de los requisitos de inscripción. Iglesias sostiene que la certificación de experiencia presentada por Echavarría, expedida por la institución Uparsistem, no acredita la experiencia necesaria en educación superior que exigen los estatutos de la universidad para ocupar el cargo de rector.

Cuestionamientos a la influencia política en la elección

El señalamiento de Iglesias contra Romero Ramírez es contundente, acusándolo de una presunta intromisión que mezcló intereses políticos externos con la vida académica de la institución. Para el exjefe de Planeación, esta cadena de decisiones erróneas y la influencia del exrector terminaron por llevar a la UPC a un escenario de incertidumbre administrativa.

El caso también pone bajo la lupa al Tribunal de Garantías Electorales, al que Iglesias acusa de haber emitido comunicados contradictorios sobre la legalidad de la inscripción del candidato ahora suspendido. Mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo, la universidad intenta mantener su operatividad bajo el encargo de Ana Milena Maya González, en medio de un clima de tensiones internas y reclamos de transparencia por parte de la comunidad universitaria.