La implementación de cámaras de fotomultas en vías del Cesar generó un nuevo debate luego de que el alcalde de El Copey, Assad Raish Gámez, expresara su rechazo a la medida y anunciara una revisión del proceso.
Rechazo a posibles afectaciones económicas
El mandatario manifestó su preocupación por el impacto que estas sanciones podrían tener en la ciudadanía, especialmente en un contexto donde muchos conductores dependen de su vehículo para generar ingresos.
Según indicó, no respaldará decisiones que puedan representar una carga económica excesiva para los habitantes del municipio, postura que surge en medio de la polémica por la instalación de estos sistemas de control.
Fotomultas en una vía estratégica
La controversia se da tras conocerse la autorización para instalar cámaras de fotodetección en el corredor vial que conecta a El Copey con Bosconia, una zona clave por su alto flujo vehicular. De acuerdo con las autoridades de tránsito, estos dispositivos buscan reducir accidentes, controlar el exceso de velocidad y detectar infracciones como la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica.
Frente a este panorama, el alcalde anunció que revisará el procedimiento mediante el cual se autorizó la instalación de las fotomultas, con el fin de verificar su legalidad y pertinencia. Además, reiteró que su administración priorizará el bienestar de los ciudadanos y que no permitirá lo que considera posibles abusos contra la comunidad.
Un debate que trasciende lo local
El caso de El Copey se suma a una discusión más amplia en Colombia sobre el uso de fotomultas, un sistema que ha sido defendido por su aporte a la seguridad vial, pero también cuestionado por sectores que consideran que puede convertirse en un mecanismo de recaudo más que de prevención.
Mientras las autoridades insisten en que estas herramientas son clave para disminuir la siniestralidad, la postura del alcalde refleja el sentir de parte de la ciudadanía que ve con preocupación su impacto económico.
La revisión anunciada podría definir el futuro de las fotomultas en el municipio, en medio de un debate que sigue abierto entre la necesidad de control vial y la protección del bolsillo de los conductores.