La mujer fue citada para el martes 10 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, para declarar sobre presuntas irregularidades en contratos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro. El CTI ya realizó una copia forense de su teléfono.
La Fiscalía General de la Nación citó nuevamente a Deicy Jiménez para el próximo martes 10 de noviembre, en medio de las investigaciones por presuntos contratos públicos que, según sus denuncias, habrían sido entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
La diligencia quedó programada para las 9:00 de la mañana. Jiménez acudirá acompañada de su nueva abogada, Dina Luz Malo Andrade, después de que su anterior defensor renunciara al caso alegando razones de seguridad.
El nuevo llamado se produce después de que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaran una copia forense del contenido de su teléfono celular, por disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué se aplazó la primera declaración de Deicy Jiménez?
Inicialmente, Deicy Jiménez debía comparecer ante la Fiscalía el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, la diligencia no se realizó debido a la renuncia de su entonces abogado, Andrés Felipe Caballero, quien manifestó preocupaciones relacionadas con su seguridad.
Tras ese episodio, Jiménez designó como nueva representante legal a Dina Luz Malo Andrade, quien aseguró públicamente que su clienta estaría siendo objeto de seguimientos y amenazas.
La abogada solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) esclarecer quiénes estarían fotografiando a Jiménez durante sus actividades cotidianas.
Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la identidad de las personas que presuntamente realizaron esos seguimientos.
La Corte Suprema ordenó revisar el celular y los contratos
Uno de los principales avances de la investigación es la extracción forense de la información almacenada en el teléfono de Deicy Jiménez.
El procedimiento fue adelantado por funcionarios del CTI, con acompañamiento de su defensora y de un delegado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la diligencia se obtuvo una copia del dispositivo para examinar conversaciones, videos, fotografías y otros archivos que podrían tener relación con las denuncias.
Jiménez ha asegurado que conserva material con el que pretende respaldar sus afirmaciones. No obstante, corresponderá a los investigadores verificar la autenticidad, el contexto y la pertinencia de esos registros.
Además, la Corte Suprema dispuso revisar los contratos que Jiménez habría suscrito con el Senado de la República, con el propósito de contrastar los documentos oficiales con su testimonio.
La extracción del contenido del celular no equivale a una validación judicial de las denuncias.
Angie Rodríguez y Carlos Ríos también deberán declarar
Las investigaciones no se limitan al testimonio de Deicy Jiménez.
El actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, tiene previstas diligencias ante la Fiscalía para los días 18 y 19 de noviembre.
Ríos fue quien, durante una intervención en el Senado el 21 de octubre, hizo señalamientos sobre la vinculación de 48 mujeres al Dapre durante la administración anterior.
Por su parte, Angie Rodríguez, exdirectora de esa entidad, también deberá ampliar su declaración. Las autoridades mantienen reservadas las fechas por razones de seguridad.
En paralelo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes recibió una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro, presentada por la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda.
Gustavo Petro rechaza las acusaciones
El expresidente Gustavo Petro ha negado que durante su administración se utilizaran contratos estatales para obtener favores personales.
Después de la divulgación de un video en el que aparece junto a Deicy Jiménez durante un encuentro privado, Petro rechazó las acusaciones relacionadas con el supuesto uso indebido de recursos públicos.
Su abogado, Alejandro Carranza, también cuestionó el valor probatorio del material audiovisual y sostuvo que deben verificarse técnicamente las circunstancias de su grabación.
Por ahora, las declaraciones de Jiménez forman parte de una investigación en desarrollo y no constituyen prueba definitiva de la comisión de delitos.
La comparecencia del próximo 10 de noviembre será un paso importante para que la Fiscalía escuche formalmente su versión y contraste los señalamientos con los documentos y registros obtenidos.