Un operativo de las autoridades en zona rural de Dibulla, La Guajira, dejó al descubierto la magnitud de la infraestructura ilegal que funcionaba en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde fue ubicado y destruido un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca.
La intervención se desarrolló en la vereda El Mamey, mediante acciones conjuntas entre tropas del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 de la Décima Brigada y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. De esta manera, la Fuerza Pública avanzó en la ofensiva contra las economías criminales que operan en esta región del Caribe.
Según el reporte oficial, en el lugar funcionaba una estructura rústica de madera acondicionada para la producción del alcaloide. Allí, las autoridades hallaron 180 galones de base de cocaína en suspensión, 100 galones de hoja de coca macerada y 200 libras de hoja de coca picada. Además, encontraron combustibles, urea y otros insumos utilizados en el procesamiento.
Una operación más amplia en la zona
Pero el hallazgo no se limitó al laboratorio. En el mismo sector, las autoridades también ubicaron un semillero con cerca de 2.000 plántulas de coca, lo que evidencia que en la zona existía una operación más amplia, con capacidad para sostener varias etapas de la cadena ilícita, desde el cultivo hasta la transformación de la droga.
De acuerdo con las autoridades, este resultado afecta de manera directa la capacidad económica de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como Los Pachenca, al representar pérdidas cercanas a 428 millones de pesos.
Narcotráfico en corredores de difícil acceso
Más allá de la cifra, el operativo revela que el narcotráfico sigue buscando refugio en corredores apartados y de difícil acceso, donde las estructuras ilegales intentan consolidar centros de producción con apoyo logístico y abastecimiento de insumos.
En ese contexto, este tipo de hallazgos también muestra que los grupos criminales siguen aprovechando zonas rurales complejas para sostener su actividad ilícita y proteger sus rutas de operación.
Por eso, con acciones de este tipo, la Fuerza Pública busca reducir la capacidad financiera y operativa de estas estructuras. Al mismo tiempo, intenta contener su influencia sobre territorios rurales donde la presencia estatal sigue siendo un factor clave para la seguridad de las comunidades.