La urbanización OGB de Valledupar volvió a convertirse en escenario de confrontación tras el rechazo de sus residentes al ingreso de operarios de Afinia. La empresa pretendía adelantar labores de adecuación en la infraestructura eléctrica, pero la resistencia civil obligó al retiro del personal contratado, incluso tras el acompañamiento de la Policía Nacional para intentar mediar en la situación.
En el centro de la disputa se encuentra el proyecto de modernización de redes. Mientras la electrificadora sostiene que el sistema actual es obsoleto y representa un riesgo para la seguridad, en la comunidad impera una profunda desconfianza. Muchos habitantes interpretan estas maniobras como una estrategia para la instalación de nuevos medidores, lo que, a su juicio, derivaría en un incremento desproporcionado en el valor de las facturas mensuales.
Necesidad técnica frente a desconfianza social
Desde la postura corporativa, Afinia insiste en que la infraestructura del sector ya no soporta la demanda energética actual. La actualización de las redes se plantea como una medida indispensable para evitar cortes imprevistos y riesgos eléctricos mayores. Sin embargo, el diálogo parece roto ante el temor de los usuarios por el impacto económico de las intervenciones técnicas.
A este panorama se suma el reporte de la compañía sobre las pérdidas de energía en la zona. Datos oficiales de la empresa señalan una diferencia crítica entre el consumo real y el facturado en OGB, situación que la electrificadora atribuye directamente a conexiones irregulares y a la manipulación de equipos de medición por parte de algunos residentes.
Un conflicto que escala desde 2025
Este choque no es un evento aislado. La relación entre el sector y la empresa se fracturó severamente en 2025, cuando se aplicaron suspensiones del servicio debido a la sobrecarga de transformadores asociada a líneas no autorizadas. Desde entonces, cada intento de normalización técnica ha terminado en un punto muerto, marcando una espiral de reclamos y sospechas mutuas.
La situación en OGB deja en evidencia una problemática de fondo en la capital del Cesar: la enorme dificultad de avanzar en la normalización del servicio eléctrico cuando existe una resistencia ciudadana organizada frente a las acciones de la empresa prestadora.