La Fiscalía General de la Nación imputó a Juliana Guerrero por presuntamente haber usado documentos académicos irregulares para respaldar su hoja de vida en un proceso de nombramiento público. Durante la audiencia, la procesada no aceptó el cargo.
La imputación se formalizó ante un juez en Bogotá
El proceso judicial contra Juliana Guerrero avanzó el jueves 26 de marzo de 2026, cuando la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal en una audiencia realizada en Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, la investigación gira alrededor del presunto uso de títulos emitidos por la Fundación Universitaria San José para acreditar requisitos académicos en su aspiración a un cargo público. Guerrero se declaró inocente y no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.
El caso se centra en la hoja de vida presentada para un nombramiento
La Fiscalía sostiene que Guerrero incorporó esos documentos académicos a su hoja de vida en la plataforma Sigep II para sustentar su perfil profesional dentro del proceso de nombramiento al Viceministerio de Juventudes. Según el ente investigador, esos soportes indujeron en error a los funcionarios encargados de esa designación.
La investigación también sostiene que la hoy imputada conocía las irregularidades de esos documentos, porque, según la acusación, no habría cumplido los requisitos exigidos para obtener los títulos que presentó. Entre los elementos expuestos en la audiencia, la Fiscalía afirmó que no asistió a clases ni completó exigencias académicas necesarias para graduarse.
Fiscalía también puso la lupa sobre exdirectivo de la institución
En la misma diligencia judicial fue imputado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José. La Fiscalía le atribuye haber intervenido en la expedición de diplomas y actas de grado que habrían certificado, sin sustento real, el cumplimiento de los requisitos legales y académicos de Guerrero.
De acuerdo con la información conocida en audiencia, la actuación del exdirectivo es clave dentro del expediente porque la Fiscalía busca establecer cómo se emitieron esos documentos y cuál fue la participación de los funcionarios de la institución educativa en la supuesta irregularidad.
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Con la imputación ya surtida, el caso seguirá su curso en las siguientes fases del proceso penal. El Colombiano reportó que, tras esta audiencia, el expediente avanzaría hacia una eventual acusación formal en los próximos días, mientras continúan las actuaciones judiciales para definir la responsabilidad de los involucrados.
Aunque la Fiscalía expuso su hipótesis sobre el presunto uso de documentos falsos, será la justicia la que determine si hay responsabilidad penal en este caso. Por ahora, la imputación marca un nuevo capítulo en una controversia que ya había generado debate público por el alcance político del nombramiento que se intentaba respaldar con esos títulos.