La Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a un juez penal especializado de Valledupar. El alto tribunal busca determinar responsabilidades por las demoras en el proceso contra el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias ‘Jorge 40’.

El expediente se refiere a la masacre de Media Luna, ocurrida el 27 de octubre de 1996 en San Diego, Cesar. Durante este ataque, estructuras de las AUC asesinaron a siete personas y desaparecieron a cuatro más. Según la Corte, el juzgado retuvo el expediente casi cinco años sin enviarlo al Tribunal Superior de Valledupar, lo que favoreció la impunidad parcial en el caso.

Prescripción de delitos por demoras judiciales

La dilación administrativa permitió que la defensa de ‘Jorge 40’ solicitara la prescripción del delito de homicidio. Debido al vencimiento de términos, la justicia modificó la sentencia inicial de agosto de 2020.

Como consecuencia, la pena de Tovar Pupo se ajustó a 35 años de prisión. Actualmente, el exjefe paramilitar solo responde penalmente por el delito de desaparición forzada, mientras que el cargo de homicidio quedó sin efecto. La Corte advirtió que el juzgado envió la sentencia al tribunal competente apenas en junio de 2025.

Compulsa de copias e investigación

El alto tribunal compulsó copias para investigar posibles faltas disciplinarias o responsabilidades penales de los funcionarios a cargo. El objetivo es aclarar por qué el proceso permaneció estancado, beneficiando directamente a uno de los máximos responsables de la violencia paramilitar en el Cesar.