Las denuncias sobre irregularidades en los procesos de entrega de predios en San Alberto encendieron las alarmas de la Agencia Nacional de Tierras en el Cesar. La llegada del inspector nacional de Tierras, César Santoyo, al sur del departamento marca el inicio de una investigación exhaustiva ante la supuesta presencia de intermediarios que estarían cobrando dinero por trámites que, por ley, son gratuitos.
La visita del alto funcionario busca verificar las quejas de ciudadanos vinculados a procesos de entrega provisional de tierras. Estos campesinos han advertido sobre personas ajenas a la institución que estarían engañando a organizaciones sociales para obtener beneficios económicos ilícitos.
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Vigilancia contra falsos tramitadores
Según la información recopilada, individuos se estarían presentando como gestores para agilizar solicitudes de adjudicación de predios a cambio de pagos. Ante esto, la Agencia Nacional de Tierras en el Cesar rechazó estas prácticas e insistió en que todos los procedimientos se realizan de manera directa y sin costo a través de funcionarios autorizados.
Durante su inspección en el territorio, César Santoyo recalcó que su despacho busca constatar las situaciones reportadas por la ciudadanía. El llamado a la comunidad fue contundente: no se debe entregar dinero a ninguna persona, ya que cualquier gestión ante la ANT es un derecho que no requiere de terceros para ser tramitado.
Reforma agraria y transparencia en el sur del Cesar
Como parte de la respuesta, la inspección anunció jornadas de sensibilización con comunidades rurales para prevenir fraudes. La Agencia Nacional de Tierras en el Cesar destacó que el departamento es un punto neurálgico para la reforma agraria, articulando esfuerzos con la Fuerza Pública y autoridades civiles para proteger la transparencia del proceso.
Datos oficiales indican que en el Cesar se han adjudicado cerca de 40.000 hectáreas a organizaciones campesinas. Entre las beneficiarias destaca la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia), que lidera procesos en municipios como San Alberto. El seguimiento de este caso será vital para blindar el acceso a la tierra y recuperar la confianza de los habitantes frente a intentos de estafa.