Tras una intensa jornada de protestas que paralizó parte de la actividad académica en la capital del Cesar, cerca de 900 docentes y administrativos alcanzaron un acuerdo preliminar con la Alcaldía de Valledupar. El objetivo principal es resolver el impago de la prima de antigüedad, una obligación laboral que acumula más de siete años de retraso.

Aunque los educadores levantaron el plantón, advirtieron que se mantienen en estado de alerta hasta que los compromisos se traduzcan en pagos efectivos.

¿Qué se pactó en la reunión con el alcalde Ernesto Orozco?

El encuentro entre los representantes del magisterio (Aducesar, Fecode y Asomate) y el mandatario local resultó en la creación de una hoja de ruta institucional. Los puntos clave del acuerdo son:

• Gestión Nacional: La Alcaldía y los sindicatos solicitarán audiencias con los ministerios de Educación y Hacienda.
• Fuente de Financiación: Se busca que los recursos provengan del Sistema General de Participaciones (SGP), tal como ocurrió en el origen de este beneficio.
• Interlocución Permanente: Se abre un canal de diálogo directo para monitorear los avances de las gestiones en Bogotá.

El impacto económico en los maestros de Valledupar

La falta de pago de la prima de antigüedad no es un tema menor. Según denuncias de los sindicatos, la suspensión de este rubro representa una pérdida de aproximadamente el 35% de los ingresos mensuales de cada educador.

«Se trata de un reclamo de justicia histórica. Hay docentes de avanzada edad que, lamentablemente, han fallecido esperando recuperar un derecho que ganaron tras años de servicio», señalaron voceros del magisterio.

¿Continuarán las protestas en el sector educativo?

Si bien las clases se han reanudado en las instituciones públicas de Valledupar, la comunidad educativa no descarta nuevas movilizaciones. La viabilidad del pago depende ahora de la voluntad política y de la capacidad de gestión de la administración de Ernesto Orozco ante el Gobierno Nacional.

Por ahora, los docentes continuarán vigilantes, esperando que este «acuerdo inicial» no se convierta en una nueva promesa incumplida tras siete años de espera.