Las declaraciones de Angie Rodríguez, el testimonio del abogado de Salvatore Mancuso y la respuesta del expresidente Gustavo Petro reavivaron la controversia sobre el llamado ‘Pacto de Valledupar’.
La reunión de exparamilitares en Valledupar, realizada en octubre de 2025, vuelve a ocupar el centro de la discusión política nacional. Lo que inicialmente fue presentado como un encuentro para avanzar en asuntos pendientes del proceso de paz con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es ahora motivo de graves señalamientos.
Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Gustavo Petro, aseguró en una entrevista con Vértice Noticias que el entonces mandatario le había pedido gestionar declaraciones de antiguos jefes paramilitares sobre Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.
La denuncia adquirió mayor relevancia después de que Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, relatara en Caracol Radio lo ocurrido durante el encuentro. Según el jurista, representantes del Gobierno solicitaron a los excomandantes hablar sobre esos tres dirigentes políticos.
Ante la controversia, el expresidente Gustavo Petro publicó este 20 de octubre en su cuenta de X una declaración conjunta, fechada el 24 de octubre de 2025, con la que explicó los objetivos oficiales de las conversaciones.
Su respuesta plantea una finalidad distinta a la denunciada: avanzar en la reparación de las víctimas, recuperar bienes y completar aspectos pendientes de la verdad histórica del paramilitarismo.
La reunión en Valledupar: ¿qué se buscaba?
El encuentro se desarrolló entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, con la participación de representantes del Gobierno nacional y antiguos comandantes de las AUC.
Entre los asistentes estuvieron Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, junto con otros exintegrantes de esa organización.
En representación del Ejecutivo participaron funcionarios vinculados al proceso de paz, entre ellos Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea-Lugo.
El propósito oficial era avanzar hacia el cierre de asuntos pendientes del proceso de desmovilización paramilitar, especialmente aquellos relacionados con la reparación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y la situación jurídica de los antiguos combatientes.
Sin embargo, las declaraciones conocidas durante octubre de 2026 abrieron una nueva discusión sobre las instrucciones que presuntamente recibieron los funcionarios y las solicitudes realizadas durante las sesiones.
Angie Rodríguez señaló una presunta instrucción de Petro
La controversia comenzó a tomar fuerza tras las declaraciones de Angie Rodríguez a Vértice Noticias.
La exfuncionaria sostuvo que había recibido instrucciones del entonces presidente para promover declaraciones de los exjefes paramilitares sobre tres figuras políticas: Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.
Según su relato, el encuentro tenía una finalidad institucional relacionada con la paz, pero durante su preparación también se habría planteado un objetivo político.
Rodríguez aseguró que, al trasladar la petición a los antiguos comandantes, encontró resistencia entre los participantes, quienes manifestaron que ya habían entregado información a las autoridades judiciales.
La exdirectora del Dapre también señaló que posteriormente se discutieron propuestas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, la reparación y la devolución de bienes a las víctimas.
Sus afirmaciones constituyen una denuncia sobre presuntas actuaciones del anterior Gobierno, pero no demuestran por sí solas que Gustavo Petro hubiera impartido una orden ilegal ni que existiera un acuerdo para fabricar testimonios.
Abogado de Mancuso confirmó que hubo una solicitud a los exparamilitares
El lunes 19 de octubre, Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, entregó nuevos detalles en una entrevista con la Unidad Investigativa de Caracol Radio.
Villamizar, quien aseguró haber presenciado las conversaciones, sostuvo que Angie Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo trasladaron a los asistentes una petición para hacer públicas declaraciones relacionadas con Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras.
El abogado confirmó que los delegados presentaron esa solicitud como una instrucción proveniente del entonces presidente Gustavo Petro.
No obstante, introdujo una aclaración fundamental: haber escuchado que los funcionarios invocaban una orden presidencial no significa que pudiera comprobar personalmente que Petro la había impartido.
El jurista también manifestó que los excomandantes se negaron a participar en lo que consideraban una propuesta ajena a los fines de la reunión.
De acuerdo con su versión, varios participantes expresaron inconformidad porque ya habían rendido declaraciones ante la justicia sobre sus actuaciones durante el conflicto armado.
Villamizar negó que se hubiera concretado un pacto para declarar contra los tres dirigentes políticos. Según su testimonio, el desacuerdo impidió avanzar en esa dirección.
Salvatore Mancuso también se pronunció
Salvatore Mancuso difundió un video el 19 de octubre para referirse a las afirmaciones de Angie Rodríguez y explicar su posición sobre lo sucedido en Valledupar.
El excomandante paramilitar confirmó que durante el encuentro se planteó una solicitud para hablar contra determinados dirigentes políticos y sostuvo que los antiguos integrantes de las AUC no aceptaron participar en esa iniciativa.
Sin embargo, Mancuso también precisó que Gustavo Petro no le hizo personalmente esa petición y que corresponde a los funcionarios involucrados y a las autoridades establecer de dónde surgió la supuesta instrucción.
Sus declaraciones coinciden con las del abogado Villamizar en un punto central: ambos reconocen que hubo una solicitud controvertida, pero no afirman haber recibido una orden directamente del expresidente.
Petro responde y publica el documento firmado en Valledupar
Este martes 20 de octubre, Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para explicar la finalidad del encuentro y publicar la declaración conjunta suscrita al finalizar las reuniones.
El expresidente sostuvo que las conversaciones pretendían concluir asuntos pendientes del proceso de Ralito, garantizar la entrega de bienes de los antiguos paramilitares a las víctimas, esclarecer la participación de financiadores y avanzar en mecanismos de seguridad jurídica.
La declaración divulgada tiene fecha del 24 de octubre de 2025 y presenta una ruta de trabajo vinculada con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El documento también contempla la actualización de los planes de trabajo de los gestores de paz y la organización de información que ya había sido entregada en escenarios judiciales.
Petro defendió el carácter institucional de la reunión y rechazó las interpretaciones que vinculan el encuentro con una estrategia para perjudicar a sus adversarios políticos.
Sin embargo, la publicación del documento no permite establecer por sí sola si durante las sesiones se formularon solicitudes diferentes a los compromisos que quedaron por escrito.
Esa diferencia entre los objetivos documentados y las conversaciones denunciadas constituye uno de los principales asuntos pendientes de esclarecimiento.
¿Qué queda por esclarecer sobre el llamado ‘Pacto de Valledupar’?
La controversia presenta dos versiones que deben distinguirse.
Por una parte, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar han señalado que durante el encuentro se pidió a los antiguos jefes paramilitares hablar sobre determinados dirigentes políticos. Sus testimonios difieren en el grado de conocimiento que cada uno afirma tener sobre el origen de la instrucción.
Por otra parte, Petro ha defendido la naturaleza institucional de las conversaciones mediante la publicación de una declaración conjunta que recoge compromisos relacionados con la reparación de víctimas y el cierre de asuntos pendientes del proceso de paz.
La existencia de ese documento no invalida automáticamente los testimonios, pero tampoco estos permiten concluir, sin una investigación, que se hubiera organizado una operación ilegal desde la Presidencia.
El caso abre preguntas sobre las comunicaciones previas a la reunión, las instrucciones recibidas por los delegados y lo discutido durante las sesiones.
Valledupar quedó así en el centro de una controversia nacional que enfrenta denuncias sobre posibles motivaciones políticas con la explicación oficial de un proceso de reparación y esclarecimiento de la verdad.
Determinar qué ocurrió más allá de lo consignado en el documento divulgado será una tarea fundamental para las autoridades encargadas de examinar estos señalamientos.