Las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, dieron paso a una actuación oficial del Gobierno nacional. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación exhaustiva en la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para esclarecer posibles irregularidades en el uso de aeronaves estatales durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La decisión fue anunciada el sábado 10 de octubre, después de que la revista Semana publicara una entrevista concedida por Ferrer a la periodista Vicky Dávila, en la que la exasesora formuló graves señalamientos relacionados con presunto transporte de drogas, movimientos de dinero y vínculos de personas del entorno de Alcocer con actividades ilícitas.
Las denuncias, que todavía requieren comprobación judicial, motivaron al mandatario a solicitar que se determinen las posibles responsabilidades de funcionarios y militares que habrían participado en las operaciones aéreas mencionadas.
La investigación llegará hasta el personal de Catam
De La Espriella informó que solicitó al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana esclarecer los hechos denunciados.
La revisión estará a cargo de la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la institución, que examinarán la actuación de integrantes actuales y anteriores de los equipos vinculados al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado en Bogotá.
La investigación buscará establecer si existieron irregularidades en los desplazamientos realizados en aeronaves oficiales y si algún integrante de la institución tuvo participación en los hechos denunciados.
El presidente también señaló que, de comprobarse responsabilidades de miembros de la Fuerza Aérea, estos serían llamados a calificar servicios y tendrían que responder ante las autoridades competentes.
El anuncio constituye una orden de investigación administrativa e institucional, pero no significa que ya se haya demostrado la comisión de delitos.
Las acusaciones de Eva Ferrer
La controversia comenzó después de que Eva Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer y consejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno de Gustavo Petro, entregara su testimonio a la revista Semana.
En la entrevista realizada por Vicky Dávila, Ferrer sostuvo que Alcocer habría utilizado aeronaves oficiales para desplazamientos hacia Venezuela en los que presuntamente se transportaron sustancias ilícitas.
Uno de los episodios mencionados corresponde a un viaje de enero de 2023.
Según su relato, el empresario catalán Manel Grau le habría contado que la ex primera dama regresó de Venezuela con 2,5 millones de dólares, parte de los cuales supuestamente estarían destinados a financiar actividades políticas relacionadas con Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.
Ferrer también hizo referencia a presuntos vínculos de personas cercanas a Alcocer con el tráfico de armas.
Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la exasesora y no constituyen, por sí mismas, pruebas concluyentes de responsabilidad penal.
Presidente pide intervención de la justicia estadounidense
El pronunciamiento presidencial también incluyó una solicitud a diferentes organismos judiciales y de control.
De La Espriella pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y las autoridades de Estados Unidos revisar la información divulgada por Semana.
El propósito de esa solicitud es que cada entidad determine, dentro de sus competencias, si existen elementos suficientes para adelantar investigaciones.
La referencia a las autoridades estadounidenses introduce una dimensión internacional en las solicitudes de esclarecimiento, teniendo en cuenta que las denuncias involucran presuntos movimientos transfronterizos de dinero y sustancias ilícitas.
Sin embargo, el llamado del presidente no significa que Estados Unidos haya abierto formalmente una investigación contra Alcocer.
¿Qué deberá esclarecer la Fuerza Aeroespacial?
La investigación anunciada plantea varios interrogantes sobre la utilización de aeronaves estatales durante el gobierno anterior.
Entre los aspectos que podrían resultar relevantes se encuentran la identificación de los vuelos realizados, sus itinerarios, los pasajeros transportados, las autorizaciones correspondientes y los protocolos de seguridad aplicados.
También será importante establecer si existen documentos o testimonios que permitan corroborar las circunstancias descritas por Ferrer.
La diferencia entre una denuncia pública y una responsabilidad penal demostrada será determinante en el desarrollo de este caso.
Hasta el momento, la información consultada no permite establecer que los delitos señalados se hayan comprobado judicialmente ni que exista una condena contra Verónica Alcocer por estos hechos.
La investigación deberá desarrollarse bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia de las personas mencionadas.
De la denuncia periodística a la investigación oficial
Las revelaciones publicadas por Semana han abierto un nuevo capítulo de controversia alrededor de las actividades y desplazamientos de la ex primera dama durante la administración Petro.
Ahora, con la orden presidencial de investigar, el foco se traslada hacia las autoridades encargadas de verificar los hechos.
La atención estará puesta especialmente en los resultados de las actuaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, así como en las eventuales decisiones de la Fiscalía y los organismos de control.
Por el momento, las acusaciones continúan sujetas a verificación y será la investigación la que permita determinar si existieron irregularidades y quiénes podrían ser responsables.
Crédito periodístico: Nota elaborada por Noticias Valledupar a partir de la información publicada por la revista Semana el 10 de octubre de 2026, que dio a conocer la entrevista de Vicky Dávila a Eva Ferrer, y del posterior pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella. Información contrastada con reportes de Noticias Caracol y la agencia EFE.