La administración de Valledupar sostiene que los vehículos y la maquinaria habían sido retirados del servicio y que su venta se realizó con base en un avalúo. Sin embargo, los precios de adjudicación y el procedimiento siguen bajo cuestionamiento.

La venta de 33 bienes pertenecientes al municipio de Valledupar por aproximadamente $31 millones abrió una controversia sobre el manejo del patrimonio público. La operación incluyó camionetas, motocicletas y maquinaria pesada cuyos precios de adjudicación despertaron interrogantes entre ciudadanos, abogados y concejales.

Ante los cuestionamientos, el secretario general de la Alcaldía, Eudes José Orozco, explicó que los vehículos habían sido retirados del servicio porque no podían continuar asegurados y que la administración aplicó un valor residual para adelantar su enajenación.

Las explicaciones fueron entregadas a Radio Guatapurí después de las observaciones formuladas por el abogado y exconcejal Jhon Díaz Carpio, quien revisó documentación del proceso contractual identificado como SAEB-SGR-001-2026.

Una camioneta por $2,5 millones y maquinaria por cerca de $5 millones

Entre los bienes que concentraron la atención pública aparecen una camioneta Toyota Prado TXL, adjudicada por $2.500.000; otra camioneta Toyota por $3 millones; una excavadora hidráulica John Deere por $5.155.000 y una motoniveladora de la misma marca por $5.022.000.

Díaz Carpio cuestionó que estos valores correspondieran al precio que el municipio podía obtener por los activos. Según su análisis, el lote tenía un valor comercial de referencia cercano a los $3.072 millones, aunque esa cifra no equivale necesariamente al precio de mercado de los bienes en el estado en que se encontraban.

La controversia gira precisamente alrededor de esa diferencia: cuánto valían realmente los bienes al momento de la venta y si el procedimiento permitió obtener las mejores condiciones económicas para el municipio.

¿Por qué la Alcaldía considera que hubo un beneficio económico?

Eudes Orozco explicó que, según la evaluación utilizada por la administración, los bienes tenían un valor institucional de cero pesos, pero conservaban un valor residual de salvamento.

De acuerdo con el funcionario, ese valor se calculó tomando como referencia el 1 % del valor comercial estimado.

También sostuvo que la aseguradora Equidad Seguros había determinado que los vehículos no eran asegurables, circunstancia que motivó su retiro del servicio y el posterior procedimiento de baja.

Bajo esa interpretación, la administración considera que la venta permitió obtener recursos por activos que ya no podían seguir utilizándose oficialmente.

Sin embargo, la explicación deja pendiente una pregunta fundamental: si los bienes conservaban algún valor comercial, ¿el precio residual utilizado era el más conveniente para el patrimonio municipal?

Un solo comprador y dudas sobre la autorización del Concejo

Otro punto de discusión es que los 33 bienes terminaron adjudicados a un único oferente, identificado como Deimer Cárdenas Castillo.

El secretario general aseguró que el procedimiento tuvo publicidad a través de SECOP II y que las personas interesadas podían participar en la selección.

Por su parte, Díaz Carpio cuestionó las condiciones de participación y la ausencia de competencia entre compradores, situación que, a su juicio, amerita una revisión detallada.

También existe una diferencia de interpretación sobre las fechas del trámite. El abogado señaló que la adjudicación y algunos documentos contractuales precedieron a la autorización aprobada por el Concejo de Valledupar.

La Alcaldía sostiene que la autorización municipal estaba relacionada con la formalización de la venta y que el procedimiento se desarrolló dentro del marco normativo.

La revisión de los documentos originales y de las fechas de adjudicación, firma y ejecución será determinante para aclarar esta controversia.

Alcalde solicitó un informe jurídico

Frente a las denuncias, Eudes Orozco informó que el alcalde Ernesto Orozco solicitó un informe sobre la operación.

La Secretaría General dispuso un equipo jurídico para recopilar los antecedentes y revisar el procedimiento de enajenación.

La administración aseguró que está dispuesta a responder los requerimientos de los organismos de control y entregar la documentación que sustenta sus decisiones.

Entretanto, la Fiscalía, a través de su seccional Cesar y del CTI, inició actuaciones preliminares para verificar las presuntas irregularidades denunciadas.

Esta actuación no significa que se haya demostrado la comisión de un delito ni que exista responsabilidad penal de los funcionarios o particulares involucrados.

Las preguntas que Valledupar necesita resolver

Más allá de la controversia política, el caso plantea la necesidad de aclarar cómo se estableció el valor de cada bien, qué condiciones técnicas presentaban los vehículos y la maquinaria, por qué participó un único comprador y cuál fue la secuencia legal de las autorizaciones.

También será importante establecer si la venta representó la mejor alternativa económica para el municipio frente a otras posibilidades de disposición de los activos.

La Alcaldía defiende la legalidad del procedimiento, mientras los denunciantes consideran que persisten inconsistencias que deben investigarse.

La discusión de fondo no es solamente cuánto dinero ingresó a las cuentas municipales, sino si Valledupar recibió lo que correspondía por un patrimonio que pertenece a todos sus ciudadanos.