La muerte del niño Kevin Acosta, un menor de 7 años con hemofilia, volvió a poner en el centro del debate la fragilidad en la atención de pacientes con enfermedades que requieren tratamientos permanentes. Más que un caso aislado, el informe de la Procuraduría expone una cadena de fallas que habría dejado en riesgo no solo al menor, sino también a miles de usuarios de Nueva EPS.
De acuerdo con el Ministerio Público, Kevin no recibió de manera oportuna el medicamento que necesitaba para tratar su condición, lo que lo habría llevado a una situación clínica crítica. La entidad señaló que la falta de suministro de EMICIZUMAB fue determinante en el deterioro de su salud, en un contexto en el que, además, el niño no tenía una IPS asignada al momento de su fallecimiento.
La situación revelada por la Procuraduría muestra cómo la interrupción de contratos entre prestadores y EPS puede terminar afectando directamente a pacientes que dependen de tratamientos continuos para sobrevivir. En este caso, la investigación indica que el menor habría permanecido cerca de dos meses sin recibir su medicamento, luego de que la IPS que lo atendía suspendiera la entrega por falta de pago, mientras la nueva institución encargada tampoco habría podido asumir el servicio por problemas en los giros.
Qué revela el caso Kevin Acosta Nueva EPS
Más allá del doloroso desenlace, el caso ha encendido una alerta sobre el alcance de la crisis. Según la Procuraduría, alrededor de 2.000 pacientes que estaban adscritos primero a Medicarte y después a Integral podrían encontrarse en alto riesgo por no tener garantizada su atención médica. Esa advertencia convierte el expediente de Kevin en un síntoma de un problema mucho más amplio dentro del sistema.
Caso Kevin Acosta Nueva EPS y riesgo para otros pacientes
El relato de la familia también refuerza esa preocupación. La madre del niño aseguró que desde comienzos de año le notificaron que su hijo se quedaría sin contrato, sin medicamento, sin citas y sin una institución que asumiera su tratamiento. En un paciente con hemofilia, una interrupción de ese tipo puede tener consecuencias graves, especialmente ante cualquier golpe o emergencia médica.
La denuncia también fue acompañada por otros familiares que padecen la misma enfermedad y que, según afirmaron, enfrentan dificultades similares para acceder a sus medicamentos. Eso sugiere que las fallas no habrían afectado solamente a Kevin, sino que podrían estar golpeando a varios pacientes con enfermedades de manejo delicado.
Frente a este panorama, la Procuraduría anunció que compulsará copias a la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la muerte del menor. Además, informó que abrirá una investigación disciplinaria contra el interventor de Nueva EPS, en medio de la crisis que atraviesa la entidad y del aumento sostenido en las quejas por falta de atención y prestación de servicios.
Así, el caso de Kevin Acosta no solo reabre la discusión sobre la responsabilidad de las EPS en la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos, sino que también deja una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando las fallas administrativas terminan trasladándose a la vida de pacientes que dependen del sistema para seguir con vida.