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Conexiones ilegales dejan a oscuras la vía entre Valledupar y La Paz y agravan el riesgo para conductores

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La oscuridad en la vía que conecta a Valledupar con La Paz ya no es un fallo técnico común. Detrás de los apagones constantes existe una causa criminal. Según denuncias de la empresa Estiv, propietarios de fincas aledañas realizan conexiones ilegales al sistema público. Esta práctica provoca sobrecargas y deja en penumbras puntos críticos como el puente Salguero.

La situación afecta gravemente a los habitantes de la vereda Las Casitas. Los residentes aseguran que la falta de luz facilita la inseguridad y aumenta el riesgo de accidentes. La comunidad vive noches de miedo por el abuso de quienes se «cuelgan» del circuito vial para no pagar el servicio.

Un fraude que pone en riesgo la vida

La Empresa de Alumbrado Público de Valledupar, Estiv, confirmó la gravedad del problema. Muchos de los predios involucrados no tienen contrato con Afinia. Al usar ilegalmente el circuito público, saturan los transformadores. Esto afecta directamente la iluminación de una vía por donde circulan cientos de vehículos a diario.

El hurto de energía en el Cesar no es un tema menor. Las pérdidas técnicas alcanzan el 36,8 % de la demanda total. En esta ocasión, las cuadrillas de mantenimiento no pudieron retirar las conexiones. Los operarios denunciaron hostilidad y riesgos para su integridad física por parte de los infractores.

Operario de Estiv en poste realizando mantenimiento del alumbrado público en Valledupar para retirar conexiones ilegales.
Estiv anunció que se reforzarán operativos y acciones legales contra quienes estén robando energía del circuito público.

Llamado a la justicia y sanciones penales

El caso genera indignación en Valledupar. Personas con capacidad económica estarían robando un servicio financiado con recursos públicos. Mientras tanto, los conductores y vecinos de Las Casitas asumen las consecuencias en forma de peligro vial.

Ante esto, Estiv pidió la intervención urgente de la Fiscalía y la Policía Nacional. Recordaron que estas conductas pueden derivar en sanciones penales. El Código Penal colombiano castiga severamente a quienes atenten contra bienes y servicios públicos. La empresa habilitó líneas de denuncia para que la ciudadanía reporte estos abusos que ponen en riesgo la seguridad de todos.

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