La salud en el Cesar presenta una dicotomía fascinante para el análisis investigativo. Por un lado, el sistema enfrenta una crisis de liquidez con deudas superiores a los $385.000 millones de pesos que ponen en riesgo la atención en nodos críticos como Chiriguaná, Astrea y Valledupar. Por otro lado, la gestión de recursos nacionales ha logrado hitos que podrían cambiar la cara de la infraestructura hospitalaria por las próximas tres décadas.
El CONPES 4169: Un Tanque de Oxígeno para la Red Pública
El 30 de octubre de 2025 marcó un punto de inflexión con la aprobación del Documento CONPES 4169. Este instrumento autoriza una inversión de más de $200.000 millones para la construcción y remodelación de la red hospitalaria departamental. La celeridad con la que el departamento del Cesar presentó los diseños técnicos permitió que fuera el primer proyecto en entrar para el tema de vigencias futuras, asegurando la financiación incluso en un contexto de restricción fiscal nacional.
La construcción de hospitales en municipios como El Paso y Agustín Codazzi no solo mejora el acceso físico; representa la presencia del Estado en zonas históricamente golpeadas por el conflicto y la actividad minera. No obstante, la secretaria de salud, Georgina Sánchez, ha sido clara al señalar que la infraestructura por sí sola no resuelve la crisis si no se garantiza el flujo de pagos de las EPS intervenidas, las cuales deben cubrir $35.000 millones de manera inmediata para evitar el colapso financiero de las IPS.
Inclusión Social y la Nueva Política de Discapacidad
Más allá de los ladrillos, el bienestar ciudadano ha encontrado un refugio jurídico en la Ordenanza No. 301 de mayo de 2025, que actualiza la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social (PPDIS) para el periodo 2025-2035. Este documento es un tratado de dignidad humana que adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4 sobre educación de calidad y el ODS 10 sobre reducción de desigualdades.
Imagen tomada del MINSALUD
La PPDIS introduce el concepto de «rehabilitación integral», que trasciende el tratamiento médico para enfocarse en la inclusión ocupacional y laboral. La política exige a las autoridades departamentales y municipales una «corresponsabilidad social» para asegurar que las personas con discapacidad puedan diseñar sus proyectos de vida sin las barreras físicas y actitudinales del pasado. Esta visión se complementa con el programa de salud psicosocial a víctimas (PAPSIVI), que busca pasar de 16.200 a 20.200 personas atendidas en los municipios PDET del Cesar, integrando la salud mental como un derecho fundamental para la paz.