Las recientes declaraciones entregadas desde prisión por José Ramírez, expastor condenado por secuestro y abuso sexual contra su hijastra en Chinchiná, reactivaron la controversia del caso. Sin embargo, la defensa de la víctima reiteró un punto clave: las autoridades ya evaluaron a la madre y no encontraron pruebas en su contra.
Una versión que ya había sido investigada
Ramírez, quien cumple una condena de 43 años, seis meses y un día en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, volvió a referirse al caso en una entrevista. Allí insistió en que su esposa habría tenido conocimiento de hechos previos.
Frente a esto, el abogado de la víctima, Julián Martínez, rechazó de manera tajante esas afirmaciones y aseguró que esa versión ya había circulado como un rumor sin sustento.
El papel del ICBF en el caso
Ante esas versiones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió un proceso de restablecimiento de derechos para verificar la situación de la madre.
Tras varios meses de revisión, la entidad concluyó que no existían elementos que la comprometieran y permitió que la menor regresara a su hogar.
Un antecedente que desmonta nuevas afirmaciones
La defensa sostiene que este resultado institucional es clave para desmentir las recientes declaraciones del condenado, en un caso que ya había generado fuerte indignación nacional por los hechos ocurridos en 2025 en una finca de la vereda San Andrés, en Chinchiná, Caldas.
Protección a la víctima y su entorno
Más allá de la polémica, el abogado insistió en la necesidad de proteger a la víctima y a su familia, evitando que versiones no comprobadas sigan afectando su entorno.
El caso continúa siendo uno de los más sensibles en la opinión pública, no solo por la gravedad de los delitos, sino también por la circulación de rumores que impactaron a la familia durante el proceso judicial.
Un llamado a frenar la especulación
Con este pronunciamiento, la defensa busca cerrar el paso a nuevas especulaciones y reafirmar que, además de la condena contra el agresor, las autoridades ya revisaron la situación familiar y confirmaron que la madre actuó dentro de los parámetros de protección.