Durante años, la atención a las personas habitantes de calle en Valledupar ha estado marcada más por la urgencia que por la planificación. Intervenciones aisladas, jornadas puntuales de salud o ayudas humanitarias temporales han servido para aliviar momentos críticos, pero no para transformar de fondo una realidad compleja que combina pobreza, consumo problemático de sustancias, rupturas familiares y exclusión social.

Ese panorama empezó a mostrar un giro institucional con la expedición del Decreto 1216 de 2025, mediante el cual la administración municipal creó la Mesa Técnica para la Atención Integral de las Personas Habitantes de Calle, un espacio de coordinación que busca algo que hasta ahora había sido esquivo: que el Estado local actúe de manera articulada y no fragmentada.

Un problema que dejó de ser invisible

Valledupar no es ajena al fenómeno de la habitabilidad en calle. La presencia constante de personas viviendo en espacios públicos, especialmente en zonas céntricas y corredores comerciales, ha sido una señal clara de que la ciudad arrastra una deuda social. Sin embargo, durante mucho tiempo esta situación se abordó más desde la óptica del orden público que desde el enfoque de derechos.

El decreto reconoce, de manera implícita, que el problema no se resuelve con operativos ocasionales ni con medidas de control. Por el contrario, parte de una premisa clave: el habitante de calle es un sujeto de derechos y su atención requiere una respuesta integral, sostenida y diferenciada.
Ese cambio de mirada ya es, en sí mismo, un avance.

¿Qué es y para qué sirve la Mesa Técnica?

La Mesa Técnica no es una oficina nueva ni un programa asistencial. Es un espacio de articulación interinstitucional, donde confluyen las secretarías municipales, entidades del orden nacional con presencia en el territorio y actores invitados del sector social.

Su función central es coordinar la ruta de atención integral, es decir, definir cómo se conectan los servicios de salud, identificación, atención psicosocial, educación, empleo, rehabilitación y acompañamiento social para una población que históricamente ha quedado por fuera del sistema.

En términos prácticos, la Mesa tiene el mandato de:

• Analizar la situación real de la población habitante de calle.
• Hacer seguimiento a las acciones que ya existen.
• Proponer ajustes y mejoras a la política pública.
• Evitar que cada dependencia actúe por su cuenta.
• Garantizar que las decisiones se traduzcan en acciones concretas.

Un punto relevante es que el decreto abre la puerta a la participación de organizaciones sociales y de personas que han vivido procesos de rehabilitación, lo que rompe con la lógica tradicional de diseñar políticas “desde el escritorio”.

Institucionalidad y voluntad de coordinación

Desde una mirada investigativa, hay varios elementos que merecen destacarse.

Primero, la Mesa Técnica formaliza responsabilidades. Ya no se trata de buenas intenciones dispersas, sino de un escenario donde cada entidad tiene un rol definido y debe rendir cuentas.

Segundo, se construye sobre diagnósticos previos y procesos de caracterización, fundamentales para evitar decisiones basadas en percepciones o estigmas. Sin datos, no hay política pública efectiva, y este decreto reconoce esa necesidad.

Tercero, el enfoque integral rompe con la idea de que el problema del habitante de calle es solo de la Secretaría de Gobierno o de Salud. Aquí entran variables como educación, empleo, desarrollo social y hasta planeación urbana.

En una ciudad donde muchas políticas sociales han fallado por falta de coordinación, este intento de ordenar la acción estatal es un paso en la dirección correcta.

La crítica necesaria: el reto no es crear mesas, sino que funcionen

Ahora bien, el periodismo no puede quedarse solo en el anuncio.

La experiencia en Colombia demuestra que muchas mesas técnicas terminan convertidas en escenarios de diagnóstico eterno, sin impacto real en la vida de las personas. El riesgo está ahí, y no se puede ignorar.

Hoy, Valledupar no cuenta con una infraestructura robusta, como hogares de paso permanentes o centros de atención integral con capacidad suficiente. Tampoco existe, de manera pública y clara, un presupuesto específico y sostenido para esta política, lo que pone en duda su viabilidad a largo plazo.

Además, la Mesa se reunirá periódicamente, pero el decreto por sí solo no garantiza resultados. La efectividad dependerá de:

• Que las decisiones no se queden en actas.
• Que haya indicadores claros de seguimiento.
• Que se asignen recursos reales.
• Que la población beneficiaria vea cambios tangibles.

La crítica, entonces, no es al instrumento, sino a la ejecución. La ciudad ya no necesita más diagnósticos; necesita soluciones que se sostengan en el tiempo.

¿Qué está en juego?

Si la Mesa Técnica cumple su propósito, Valledupar podría empezar a construir una política pública seria frente a la habitabilidad en calle: menos improvisación, más acompañamiento, más oportunidades de reinserción social.

Si falla, se sumará a la larga lista de buenas intenciones que no lograron romper el ciclo de exclusión.

En últimas, el éxito del Decreto 1216 de 2025 no se medirá por el número de reuniones realizadas, sino por algo mucho más concreto: cuántas personas logran salir de la calle con apoyo real del Estado y cuántas recuperan su dignidad y su proyecto de vida.

Ahí está el verdadero desafío. Y también la responsabilidad histórica de la administración municipal.