El Parque de la Vida volvió al centro de la discusión ciudadana, esta vez no por su valor ambiental o recreativo, sino por las dudas que persisten sobre cómo administran el espacio, quiénes pueden ocuparlo y qué tan protegidos están los visitantes frente a cobros o presiones no autorizadas.

La controversia surgió tras denuncias de usuarios que aseguraron haber sufrido intimidaciones por parte de personas que, supuestamente, se presentaban como dueñas de ciertas zonas verdes o cobraban por permitir el uso de espacios destinados a picnic y descanso familiar. Frente a esas inquietudes, la Gobernación del Cesar e Idecesar aclararon que no existe ningún cobro oficial por ocupar las zonas verdes del parque.

Sin embargo, la respuesta institucional también dejó en evidencia que dentro del Parque de la Vida sí funciona un esquema de aprovechamiento económico. En total, operan 14 emprendimientos recreativos autorizados, que aportan 4,9 millones de pesos mensuales por permisos temporales de uso del espacio público. Según Idecesar, esos recursos financian el mantenimiento y funcionamiento del lugar.

El vacío frente a los cobros irregulares

El problema, como muestra el propio caso, no radica solo en los permisos formales, sino en la falta de control sobre vendedores ambulantes e informales que ingresan al parque. La entidad reconoce que estas personas pueden entrar como cualquier ciudadano, siempre que no ocupen espacios de manera permanente ni afecten el disfrute de otros usuarios.

No obstante, también admite que no cuenta con un procedimiento sancionatorio específico para quienes hagan cobros irregulares o intenten apropiarse de áreas comunes. Ese vacío mantiene abierta una tensión entre la idea del parque como espacio libre para todos y la necesidad de frenar prácticas que convierten sectores del escenario en zonas privatizadas de manera informal.

En otras palabras, aunque oficialmente no cobran por hacer picnic, el malestar ciudadano revela que todavía persisten dudas sobre lo que ocurre en la práctica.

Un espacio sin canal permanente de concertación

Otro de los puntos sensibles es que, pese a ser uno de los espacios públicos más emblemáticos de Valledupar, las autoridades no han creado un comité de gestión ni una mesa de concertación exclusiva para el Parque de la Vida. Eso significa que hoy no existe un canal institucionalizado y permanente en el que usuarios, autoridades y emprendedores discutan conflictos, fijen reglas de convivencia y resuelvan tensiones sobre la ocupación del lugar.

Así, la discusión ya no se limita a establecer si existe o no un cobro oficial. El caso plantea un reto mayor: garantizar que el Parque de la Vida siga siendo realmente un espacio abierto, ordenado y seguro para las familias, sin ambigüedades sobre quién puede usarlo, en qué condiciones y bajo qué controles.