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Lina de Armas vuelve a la dirección del Rosario Pumarejo

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La funcionaria retomará la representación legal del hospital de Valledupar mientras un juzgado resuelve la tutela que frenó su salida. Víctor Pedraza deberá realizar un empalme coordinado.

Valledupar, 15 de octubre de 2026. La incertidumbre sobre quién debía dirigir el Hospital Rosario Pumarejo de López comenzó a despejarse después de que la Superintendencia Nacional de Salud expidiera una nueva resolución para dar cumplimiento a una orden judicial que favorece provisionalmente a Lina María de Armas Daza.

La entidad, mediante la Resolución 2026420000009674-6 del 14 de octubre de 2026, suspendió los efectos de la decisión administrativa con la que había retirado a De Armas del cargo de agente especial interventora y nombrado como reemplazo a Víctor Augusto Pedraza López.

La medida responde al auto del 9 de octubre expedido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, que ordenó suspender temporalmente su remoción mientras estudia una acción de tutela presentada por la funcionaria.

Con esta determinación, Lina de Armas deberá ejercer como única representante legal del Hospital Rosario Pumarejo de López, mientras se desarrolla el proceso judicial.

¿Por qué Supersalud tuvo que revertir el nombramiento?

El pasado 7 de octubre, la Superintendencia Nacional de Salud decidió apartar a De Armas de la intervención del centro asistencial y designar a Víctor Augusto Pedraza López, economista y especialista en gerencia financiera, para asumir la administración.

Sin embargo, la funcionaria acudió a la justicia mediante una acción de tutela en la que alegó una presunta vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y el mínimo vital, invocando su estado de embarazo.

El juzgado admitió la acción constitucional y decretó una medida provisional que suspendió los efectos de la resolución con la que se había producido su salida.

En consecuencia, Supersalud expidió un nuevo acto administrativo para cumplir la decisión judicial, sin que esto signifique que el proceso esté definitivamente resuelto.

¿Qué pasará con Víctor Pedraza?

La nueva resolución establece que Pedraza López deberá garantizar una transición coordinada con Lina de Armas, de manera que esta última ejerza la representación legal de la institución sin que exista una administración simultánea.

La instrucción busca evitar conflictos de competencia en asuntos contractuales, administrativos, financieros y presupuestales.

La situación había generado inquietud dentro del hospital. El revisor fiscal de la institución, José Alberto Henríquez David, solicitó el 14 de octubre una aclaración formal sobre quién estaba facultado para ejercer la representación legal, teniendo en cuenta las decisiones administrativas y judiciales que se habían producido en pocos días.

La nueva resolución permite aclarar provisionalmente esa situación y determinar quién debe responder legalmente por las actuaciones del hospital.

La intervención del hospital continúa

Aunque se modificó nuevamente la situación de la agente interventora, la intervención forzosa administrativa del Rosario Pumarejo permanece vigente hasta el 14 de enero de 2027.

Esto significa que la institución continuará bajo vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, independientemente de quién ejerza su representación legal.

El hospital, intervenido desde enero de 2022, sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con su sostenibilidad financiera, el recaudo de recursos, la contratación y la prestación de servicios de salud.

Los recientes cambios en su dirección vuelven a poner sobre la mesa una preocupación para Valledupar y el Cesar: la necesidad de garantizar continuidad administrativa en una institución fundamental para la atención de miles de usuarios.

Por ahora, Lina María de Armas Daza recupera provisionalmente la representación legal del Rosario Pumarejo. Su permanencia dependerá de la decisión definitiva que adopte el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar.

Mientras tanto, el principal reto del centro asistencial será mantener su funcionamiento y evitar que la controversia administrativa termine afectando la atención de los pacientes.

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