El vicepresidente José Manuel Restrepo salió en defensa de la llamada Ley de Rescate Económico, la reforma con la que el Gobierno busca aumentar ingresos, reducir el gasto público y enfrentar el deterioro de las finanzas nacionales.

La iniciativa, radicada el pasado 29 de octubre ante la Cámara de Representantes, ha provocado controversia por los cambios tributarios que plantea y por sus posibles efectos sobre el bolsillo de los colombianos.

Restrepo aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a asumir el costo político de las medidas porque, según su diagnóstico, aplazar el ajuste podría llevar al país a una crisis económica mucho más profunda.

¿Qué propone la Ley de Rescate Económico?

El proyecto combina recortes en el funcionamiento del Estado con modificaciones tributarias y nuevos mecanismos de recaudo.

Según el Ministerio de Hacienda, cerca del 70 % del esfuerzo de ajuste provendría del Estado. Entre las propuestas aparecen una reducción del 50 % en los contratos de prestación de servicios, un recorte del 20 % en gastos de funcionamiento y la revisión de transferencias y fondos públicos.

El Gobierno también propone vender activos públicos considerados improductivos, mientras asegura que sectores como salud, educación básica, agua potable y pensiones estarán protegidos.

Sin embargo, la controversia está principalmente en los impuestos.

Según el proyecto y la explicación conocida por Cambio, existirían modificaciones al IVA con efectos sobre productos de consumo y sectores como los combustibles. También se discuten cambios que podrían alcanzar alimentos como café, granos, frutas y verduras.

Por eso, una de las preguntas centrales del debate será cuánto terminaría pagando realmente una familia colombiana cuando compre alimentos, se transporte o adquiera otros bienes de consumo diario.

Gobierno promete devolver el IVA

Una de las principales defensas del Ejecutivo es que una parte importante del IVA pagado por los hogares de menores ingresos sería devuelta directamente.

Hacienda asegura que 19 millones de personas recibirían la devolución total del IVA, mientras aproximadamente otros 16,5 millones podrían obtener hasta el 50 %.

Según los cálculos presentados por el Gobierno, un hogar de menores ingresos paga actualmente alrededor de $138.000 mensuales en IVA.

El nuevo sistema utilizaría la factura electrónica para determinar cuánto debe recibir cada beneficiario. Por eso, pedir la factura con el número de cédula sería determinante para acceder a la devolución.

Aunque el mecanismo comenzaría formalmente en 2028, el Gobierno afirma que realizaría un primer pago anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

Un ejemplo sencillo

Una familia podría terminar pagando IVA cuando compre determinados productos durante el mes.

Si pertenece al grupo que recibe devolución completa, el Gobierno plantea devolver posteriormente ese dinero.

El interrogante que deberá resolver el Congreso es qué ocurrirá con los hogares que no reciban devolución completa o deban asumir inicialmente el incremento de precios mientras esperan la compensación.

¿Qué pasaría con quienes ganan más de dos salarios mínimos?

Otro punto que genera discusión está relacionado con los aportes al sistema de salud.

El proyecto contempla cambios para personas con mayores niveles de ingreso. Restrepo ha defendido la propuesta señalando que quienes cuentan con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor proporción.

El vicepresidente sostiene que esos recursos son necesarios para garantizar la financiación del sistema de salud, el suministro de medicamentos y los pagos al personal sanitario.

Este será uno de los asuntos que tendrá que precisar el debate legislativo, especialmente por el impacto que podría representar para trabajadores y hogares de ingresos medios.

Empresas también tendrían cambios

La reforma no contempla únicamente aumentos.

El Ministerio de Hacienda propone reducir gradualmente la tarifa del impuesto de renta para las empresas.

Actualmente situada en 35 %, bajaría al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, de acuerdo con la propuesta gubernamental.

Además, el proyecto incluye estímulos tributarios para compañías que realicen grandes inversiones y generen nuevos puestos de trabajo.

También se pretende cobrar IVA a las compras realizadas mediante plataformas internacionales de comercio electrónico, independientemente del valor de la operación.

Restrepo advierte sobre un posible default

El argumento más fuerte utilizado por el vicepresidente es el riesgo de que Colombia tenga dificultades para responder por sus compromisos financieros.

Restrepo aseguró que, si el Congreso no adopta medidas de ajuste, podría presentarse un escenario de default durante 2027, es decir, dificultades graves del Estado para atender oportunamente sus obligaciones financieras.

El Gobierno sostiene que actualmente el Estado recibe aproximadamente $29 billones mensuales, pero sus gastos superan los $40 billones, mientras el servicio anual de la deuda habría aumentado de $118 billones a cerca de $155 billones.

No obstante, la advertencia de un eventual default corresponde a la proyección y al argumento presentado por el Ejecutivo; no significa que Colombia ya se encuentre en cesación de pagos.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, sí ha advertido durante 2026 sobre la necesidad de realizar ajustes estructurales para estabilizar la deuda y recuperar el cumplimiento pleno de la regla fiscal.

En el Congreso hay resistencia

La discusión apenas comienza.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, anunció que habrá garantías para Gobierno, oposición e independientes durante el trámite, pero también expresó reparos frente a la creación de nuevos impuestos.

Henríquez aseguró que los colombianos no soportan más cargas tributarias y agregó una referencia directa a la situación económica de la región Caribe. También defendió que buena parte del ajuste debe hacerse reduciendo los costos del Estado.

La posición anticipa un debate particularmente relevante para departamentos como Cesar, donde cualquier incremento en combustibles, alimentos, transporte o gastos de los hogares puede trasladarse rápidamente al costo de vida.

La decisión ahora está en el Congreso

La Ley de Rescate Económico quedó registrada como Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara y deberá superar el trámite legislativo antes de convertirse en ley.

Por ahora, los nuevos impuestos, las modificaciones al IVA y los cambios en los aportes son propuestas y no obligaciones vigentes.

El Gobierno quiere sacar adelante la reforma antes de terminar 2026. El Congreso deberá decidir hasta dónde acepta los nuevos impuestos, cuáles modifica y cuánto del ajuste fiscal deberá hacerse mediante reducción del gasto.

Para los ciudadanos, la discusión tendrá una consecuencia concreta: determinar cuánto pagarán en impuestos, quiénes recibirán devoluciones y cuánto dinero finalmente quedará disponible cada mes en los hogares colombianos.