El Gobierno de Abelardo de la Espriella alista nuevas reglas para la intervención policial durante manifestaciones. La medida podría entrar en vigor antes de la movilización del 14 de octubre, convocada por centrales sindicales y respaldada por el expresidente Gustavo Petro.
El decreto sobre protestas violentas en Colombia está a un paso de llegar a la firma del presidente Abelardo de la Espriella, justo cuando sectores de oposición preparan su primera gran movilización contra el Gobierno nacional.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que este viernes 9 de octubre el documento sería remitido al despacho presidencial para su firma. De concretarse el trámite, las nuevas disposiciones podrían entrar en vigor antes de las manifestaciones anunciadas para el próximo miércoles 14 de octubre.
La coincidencia de ambas fechas pone sobre la mesa una discusión: ¿hasta dónde puede intervenir la fuerza pública frente a hechos violentos sin afectar el derecho constitucional a la protesta pacífica?
¿Qué establece el decreto sobre protestas violentas?
La iniciativa modifica disposiciones del Decreto 003 de 2021, que regula los protocolos de actuación de las autoridades antes, durante y después de las manifestaciones públicas.
El proyecto, publicado por el Ministerio del Interior el 28 de septiembre, contempla mecanismos para diferenciar las movilizaciones pacíficas de los actos violentos.
Entre sus principales disposiciones aparecen:
- Permitir intervenciones individualizadas contra personas que cometan actos violentos, sin necesidad de suspender el diálogo con los demás manifestantes.
- Establecer cinco niveles de actuación policial, desde la prevención y la mediación hasta el restablecimiento del orden.
- Garantizar corredores de movilidad para ambulancias, organismos de socorro y servicios esenciales.
- Exigir que las decisiones de intervención estén justificadas y documentadas.
- Mantener el principio de uso mínimo y proporcional de la fuerza.
El proyecto aclara que un bloqueo vial no convierte automáticamente una manifestación en violenta. Las autoridades deberán evaluar las circunstancias antes de adoptar medidas restrictivas.
Petro anuncia participación en marcha contra el Gobierno
Mientras el Ejecutivo avanza en la expedición del decreto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode preparan una movilización nacional para el miércoles 14 de octubre.
El expresidente Gustavo Petro confirmó que participará en la jornada de Bogotá y pidió que las manifestaciones se desarrollen pacíficamente.
Entre las principales motivaciones de la convocatoria están las demandas relacionadas con el salario mínimo de 2027 y la adopción de medidas frente al hambre y las consecuencias de la sequía.
La movilización será una de las primeras expresiones organizadas de oposición en las calles durante la administración de Abelardo de la Espriella.
Aunque el Gobierno no ha señalado que el decreto esté dirigido específicamente contra esta convocatoria, su posible entrada en vigor antes de la jornada ha generado atención política.
El debate: seguridad ciudadana y derecho a protestar
El ministro Rodrigo Lara ha defendido la propuesta argumentando que busca proteger tanto a quienes participan pacíficamente en las manifestaciones como a quienes no forman parte de ellas.
El Gobierno sostiene que las autoridades necesitan procedimientos claros para enfrentar agresiones, ataques a personas y daños a la infraestructura.
Por su parte, sectores del Pacto Histórico han cuestionado la iniciativa por considerar que podría abrir la puerta a restricciones del derecho a la protesta y a posibles excesos policiales.
El debate gira alrededor de la proporcionalidad de las intervenciones y de las garantías que deben mantenerse incluso cuando se registran hechos violentos aislados.
¿Qué podría cambiar en Valledupar?
Las nuevas disposiciones también tendrían efectos en Valledupar y los demás municipios del Cesar, donde las autoridades deben garantizar el desarrollo de manifestaciones ciudadanas, estudiantiles y sindicales.
De entrar en vigor, las alcaldías, gobernaciones y organismos policiales tendrían que aplicar los nuevos protocolos para acompañar las movilizaciones y responder a eventuales alteraciones del orden público.
Esto implicaría reforzar la coordinación institucional, los equipos de diálogo y los mecanismos de documentación de las intervenciones.
Por ahora, el decreto continúa pendiente de la firma presidencial, según la información conocida este viernes 9 de octubre. Su eventual expedición antes del 14 de octubre marcaría un cambio en los procedimientos que deberá aplicar la Policía durante las manifestaciones públicas.