Hay algo que la política puede maquillar durante un tiempo, pero jamás borrar: la coherencia —o su ausencia—. En el Cesar, donde la cercanía con el poder permite ver sin filtros quién fue aliado, quién fue beneficiario y quién decidió romper, no hay espacio para la ficción de última hora. Aquí, el relato de víctima solo funciona cuando es verdadero. Cuando no lo es, se vuelve patético.

Eso es lo que hoy ocurre con Eloy Quintero Romero y sus hijos, Carlos Felipe Quintero Ovalle y Luis Fernando Quintero. Después de haber sido parte integral del sistema político regional —no como críticos, no como disidentes, sino como beneficiarios directos— ahora intentan vender la idea de que fueron expulsados, perseguidos o traicionados. Es una narrativa falsa, y lo que es peor: insultante para la inteligencia del electorado.

Carlos Felipe Quintero no llegó al Congreso como un acto de rebeldía ni como una anomalía democrática. Llegó con aval partidista, estructura política y respaldo territorial. Mientras ese andamiaje le sirvió, lo aceptó sin reservas. No hubo escrúpulos, ni reparos éticos, ni discursos de ruptura cuando el poder funcionaba a su favor. El silencio fue cómodo. La gratitud, pública.

La ruptura no fue impuesta. Fue una decisión. Decidió confrontar a su partido, romper con su línea y alinearse con un proyecto político distinto. Está en su derecho. Lo que no está en su derecho es actuar como si esa decisión no tuviera consecuencias. En política, quien rompe un pacto no puede luego exigir los beneficios del pacto roto. Pretenderlo no es ingenuidad: es cinismo.

Cuando el aval no llegó, apareció el libreto conocido. Donde antes había aliados, ahora hay traidores. Donde antes había partido, ahora hay “maquinaria”. No hubo una sola palabra de autocrítica. Solo la necesidad desesperada de señalar culpables externos para ocultar una derrota propia. Eso no es persecución política: es incapacidad para asumir responsabilidades.

Con Eloy “Chichí” Quintero el problema es aún más profundo, porque no puede alegar desconocimiento. Durante décadas fue un actor central del poder regional. No fue víctima del sistema: fue parte de él. Por eso resulta inadmisible que hoy intente desmarcarse de una política que ayudó a moldear. No se puede denunciar el juego cuando se pierde después de haberlo jugado durante años sin objeciones.

Luis Fernando Quintero completa el cuadro. Exclusión interna, intentos fallidos de judicializar decisiones políticas y cambios constantes de camiseta. Siempre el mismo desenlace, siempre la misma explicación: la culpa es de otros. Cuando la historia se repite en distintos partidos y con distintos dirigentes, el problema deja de ser el entorno. El problema es el actor.

Aquí es donde el relato se derrumba. Porque si todos los partidos son injustos, si todos los aliados traicionan y si el electorado nunca entiende, la pregunta es inevitable y devastadora: ¿qué responsabilidad les corresponde a ellos?

En el Cesar, el poder no se sostiene con discursos de agravio ni con victimismo reciclado. Quien cambia de discurso cada vez que fracasa, pierde algo más grave que un aval: pierde autoridad moral.

La ciudadanía no olvida. La memoria política no se elimina con retoques digitales ni con discursos de ocasión. Borrar fotos o editar publicaciones no reconstruye la confianza.

La democracia exige asumir las decisiones propias. Culpar a otros puede servir para justificar una derrota, pero no devuelve la credibilidad. Mientras esa reflexión no exista, cualquier intento de presentarse como víctimas seguirá siendo exactamente lo que es: una coartada. Y en política, las coartadas no resisten el paso del tiempo. La verdad, sí.