El problema de la energía en Valledupar ha trascendido los apagones y transformadores dañados. Recientemente, Afinia reveló cifras que exponen la dimensión financiera de la crisis: en varios sectores de la ciudad, el recaudo apenas alcanza el 3 %. Esta situación pone de manifiesto un choque histórico entre la empresa prestadora del servicio y las comunidades más vulnerables.
Cifras de una cartera acumulada millonaria
Según datos de la compañía, más de 13.000 familias viven bajo esquemas de subnormalización eléctrica. Se trata de asentamientos donde las redes fueron construidas de manera improvisada por los propios habitantes. La empresa asegura facturar cerca de $3.695 millones mensuales en estas zonas, pero solo logra recaudar aproximadamente $101 millones.
El dato más alarmante es la deuda total acumulada, que ya supera los $155.340 millones. Sectores como Brisas de La Popa, Familias Unidas y Nueva Colombia aparecen con un recaudo del 0 %. Por otro lado, barrios como Guasimales y Altos de Pimienta concentran obligaciones superiores a los $38 mil millones. Ante esta realidad, surge el interrogante: ¿Es posible garantizar la estabilidad del servicio cuando la sostenibilidad financiera es nula?
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El conflicto en Tierra Prometida y la respuesta oficial
El caso de Tierra Prometida ha sido uno de los más visibles tras las recientes protestas por daños en transformadores. Mientras la comunidad denuncia abandono y precariedad, el gerente de Afinia en Cesar, Jorge Rivero, señaló las dificultades operativas. Según el funcionario, en dicho sector se facturan hasta $40 millones mensuales sin percibir ingresos, e incluso se presentan bloqueos para la entrega de facturas.
Esta tensión refleja un ciclo difícil de romper. Por un lado, los habitantes exigen una infraestructura digna y legalizada. Por el otro, la empresa sostiene que sin pago es imposible financiar el mantenimiento y la reposición de equipos. ¿Qué papel deben jugar la Alcaldía de Valledupar y el Gobierno nacional en esta negociación?
¿Hacia una normalización definitiva?
La solución estructural, según Afinia, depende de proyectos de normalización que requieren gestión administrativa y recursos estatales. El modelo actual, donde la empresa solo entrega el punto de conexión y los usuarios construyen las redes internas, parece haber quedado obsoleto ante el crecimiento desordenado de la ciudad.
Mientras no se logre una transición hacia la legalidad técnica y comercial, Valledupar seguirá atrapada en una realidad incómoda. La crisis amenaza con deteriorar aún más la calidad del fluido eléctrico, dejando a miles de ciudadanos en medio de la incertidumbre sobre el futuro de su suministro energético.