La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, una figura que ganó notoriedad por su cercanía con sectores del Gobierno del presidente Gustavo Petro y por haber sido mencionada en su momento para ocupar cargos en el Ejecutivo.
De acuerdo con lo que se ha conocido en información pública, la Fiscalía le atribuirá —de manera presunta— los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un proceso relacionado con supuestas irregularidades en títulos obtenidos en la Fundación Universitaria San José. En la misma actuación judicial también aparece Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de esa institución, por su presunta participación en los hechos investigados.
El caso tomó mayor relevancia política porque Guerrero fue relacionada con el círculo de poder del “Gobierno del Cambio”: medios nacionales han señalado que tuvo vínculos laborales y cercanía con altos funcionarios del Ejecutivo y que, además, llegó a figurar como opción para un cargo de alto nivel en el área de juventudes. Esto convirtió un asunto inicialmente académico en un tema de credibilidad institucional para el gobierno, en momentos en que la administración Petro insiste en la ética pública como bandera.
La Fiscalía, además, anunció que solicitará una medida de aseguramiento, entre ellas detención domiciliaria, petición que será evaluada por un juez de control de garantías. La audiencia de imputación, según reportes periodísticos, estaría programada para el 27 de febrero de 2026.
El núcleo de la controversia gira alrededor de si los títulos se habrían expedido sin cumplir requisitos obligatorios, entre ellos la presentación del examen Saber Pro, un punto que ha sido mencionado en publicaciones y pronunciamientos conocidos previamente sobre el caso.
Por ahora, es clave precisar que imputación no es condena. La imputación es el acto en el que la Fiscalía comunica formalmente los delitos que atribuye y expone los elementos con los que sustenta la investigación. La defensa podrá responder y controvertir, y será el juez quien defina si procede una medida de aseguramiento y cómo avanza el proceso, mientras se mantiene la presunción de inocencia.