Un crítico déficit presupuestal en el Ministerio de Defensa dejó al descubierto la vulnerabilidad de la flota aérea nacional. Tras el siniestro del avión Hércules C-130 en Putumayo el pasado 23 de marzo, las autoridades confirmaron que la aeronave carecía de una póliza de seguro activa, lo que genera una pérdida patrimonial millonaria para el Estado.
Este hallazgo provocó un terremoto político en el Congreso. Los legisladores cuestionan duramente la gestión de los recursos destinados al mantenimiento de los activos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Según fuentes oficiales, el recorte de partidas para el pago de seguros obligatorios causó esta falta de cobertura, que ya afecta a otros equipos de alta tecnología militar.
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Un vacío financiero en medio de la emergencia
El avión Hércules sin seguro, herramienta vital para misiones humanitarias, quedó inoperativo tras el incidente en la pista de Puerto Leguízamo. Al no existir un respaldo financiero, el presupuesto nacional asumirá el costo total de la reparación o reposición, a pesar de las políticas de austeridad que aplica el gobierno actual.
El Ministerio de Defensa argumenta que la crisis financiera del sector obligó a priorizar la operatividad inmediata sobre los contratos de aseguramiento. No obstante, expertos en aviación militar advierten que volar estas aeronaves sin respaldo representa un riesgo administrativo inaceptable que compromete la capacidad de respuesta de la FAC.
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Consecuencias para la seguridad nacional
La pérdida de esta unidad impacta directamente el despliegue de tropas en zonas críticas del país. Mientras los investigadores determinan las causas técnicas del accidente, el debate se traslada al Ministerio de Hacienda. Allí, diversos sectores exigen una adición presupuestal urgente para proteger el resto de la flota aérea y evitar nuevos episodios de desprotección estatal.