La exdirectora del Dapre aseguró haber visto videos y fotografías privadas del expresidente. También mencionó a «niños travestis», aunque reconoció que no puede confirmar la presencia de menores. La defensa de Petro anunció acciones judiciales.

Las declaraciones de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro abrieron una nueva controversia política en Colombia. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hizo graves señalamientos sobre la conducta privada del exmandatario y su desempeño durante el Gobierno.

Durante una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, Rodríguez aseguró que Petro consumía tusi antes de algunos consejos de ministros. También afirmó haber visto fotografías y videos del expresidente acompañado de mujeres que consideró demasiado jóvenes.

Sin embargo, sus afirmaciones más delicadas surgieron cuando planteó la posible presencia de menores de edad en esos encuentros. La exfuncionaria utilizó expresamente la expresión «niños travestis», aunque después reconoció que no tenía pruebas para confirmar sus sospechas.

Hasta ahora, Rodríguez no ha presentado públicamente las imágenes ni los documentos que permitan verificar sus acusaciones.

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre los supuestos videos de Petro?

La entrevista ocurrió el martes 20 de octubre, durante una transmisión del programa de Daniel Samper Ospina.

Rodríguez relató que tuvo acceso a información privada del expresidente durante un procedimiento relacionado con el cambio de su teléfono celular. Según explicó, observó fotografías y videos en un computador utilizado para trasladar información del dispositivo.

La exfuncionaria aseguró que las imágenes mostraban al exmandatario acompañado de mujeres que parecían muy jóvenes. No obstante, no precisó sus identidades ni las fechas de las grabaciones.

En medio de la conversación, Rodríguez lanzó una pregunta dirigida a Petro:

«¿Habían niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿habían niños travestis?»

La expresión corresponde textualmente a la entrevistada. Su utilización no demuestra que existieran menores de edad involucrados ni que ocurriera algún delito.

El periodista Daniel Samper Ospina le recordó la responsabilidad de presentar pruebas ante señalamientos de esa gravedad.

Rodríguez respondió que las autoridades deberían investigar si había menores involucrados. Además, admitió una limitación fundamental:

«No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad».

Por tanto, sus declaraciones constituyen señalamientos e interrogantes que requieren verificación. No existe, en la información publicada hasta el momento, evidencia independiente que confirme la participación de menores en los supuestos encuentros.

La acusación sobre consumo de tusi en la Casa de Nariño

Otro de los momentos de la entrevista estuvo relacionado con el presunto consumo de sustancias psicoactivas.

Rodríguez afirmó que Gustavo Petro consumía tusi antes de algunos consejos de ministros. Según su relato, el expresidente permanecía encerrado en un baño de la Casa de Nariño y ella debía insistirle para que atendiera sus compromisos oficiales.

«Hay un polvito rosado que se llama tusi y él consumía eso», aseguró la exfuncionaria.

También desafió al exmandatario a realizarse una prueba toxicológica independiente para desmentir sus declaraciones.

Durante la conversación, Rodríguez relacionó sus sospechas con un consejo de ministros en el que Petro hizo comentarios sobre sexualidad y funcionamiento cerebral.

La exdirectora del Dapre sostuvo que, antes de aquella intervención, el expresidente habría recibido imágenes íntimas mediante aplicaciones de mensajería.

Sin embargo, no aportó resultados de exámenes médicos, registros verificables ni otros elementos que permitan establecer el supuesto consumo.

En consecuencia, esta versión continúa siendo una acusación de la entrevistada, no un hecho demostrado.

Laura Sarabia rechaza acusaciones sobre fotografías y chantajes

Las declaraciones también involucraron a Laura Sarabia, quien ocupó importantes cargos durante el Gobierno Petro.

Angie Rodríguez aseguró que Sarabia habría conservado fotografías y videos privados del expresidente. Según su versión, ese material habría servido para ejercer presiones sobre él.

La exfuncionaria relacionó esa supuesta situación con decisiones tomadas dentro del Gobierno y con nombramientos diplomáticos.

No obstante, Laura Sarabia rechazó categóricamente las acusaciones.

A través de un pronunciamiento público, aseguró que nunca tuvo, observó ni utilizó material audiovisual privado para presionar al expresidente.

También negó cualquier conducta de extorsión.

Sarabia cuestionó que, ante sospechas relacionadas con menores de edad, Rodríguez hubiera acudido a una entrevista en lugar de presentar inmediatamente las pruebas ante la Fiscalía.

Además, solicitó que las autoridades investiguen los señalamientos y manifestó su disposición a colaborar con la justicia.

La defensa de Gustavo Petro anuncia acciones judiciales

Las acusaciones provocaron una respuesta del equipo jurídico del expresidente.

El abogado Alejandro Carranza anunció acciones penales contra Angie Rodríguez por sus declaraciones públicas.

Entre los asuntos mencionados por la defensa figuran posibles conductas de injuria, calumnia agravada y vulneración de datos personales.

Los representantes de Petro rechazan los señalamientos y cuestionan que la exfuncionaria haya divulgado acusaciones de semejante gravedad sin presentar públicamente pruebas.

La controversia plantea dos asuntos diferentes.

Por una parte, las autoridades deben determinar si existen elementos que justifiquen investigaciones sobre los hechos mencionados por Rodríguez.

Por otra, corresponde establecer si las declaraciones públicas vulneraron derechos fundamentales del expresidente o de terceras personas.

Ninguna de estas circunstancias permite anticipar responsabilidades penales sin una investigación y una decisión judicial.

El nuevo escándalo se suma a la controversia por el encuentro de exparamilitares en Valledupar

Las revelaciones ocurren mientras Angie Rodríguez también participa en otra controversia relacionada con el anterior Gobierno: el denominado Pacto de Valledupar.

Este episodio involucra una reunión entre antiguos jefes paramilitares y representantes gubernamentales, celebrada en octubre de 2025.

Las versiones divulgadas por Rodríguez y por Juan Carlos Villamizar, abogado de Salvatore Mancuso, apuntan a una presunta solicitud para obtener declaraciones contra figuras políticas como Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, la existencia de esa supuesta instrucción y las responsabilidades individuales permanecen sujetas a verificación.

La Procuraduría inició actuaciones relacionadas con estos señalamientos, mientras diferentes sectores políticos solicitaron esclarecer las circunstancias de la reunión.

De esta manera, Valledupar aparece nuevamente en el escenario de las controversias nacionales relacionadas con la gestión del Gobierno Petro.

Aunque los episodios son distintos, ambos tienen como protagonista a una exfuncionaria que ocupó una posición relevante dentro de la Presidencia.

¿Qué falta por esclarecer en las declaraciones de Angie Rodríguez?

Las afirmaciones de Rodríguez abren preguntas sobre la seguridad de la información presidencial, la protección de datos privados y el eventual conocimiento de hechos irregulares dentro de la Casa de Nariño.

También obligan a distinguir entre las sospechas de una antigua funcionaria y la existencia de pruebas que permitan confirmar sus acusaciones.

Si hubo acceso a información privada del presidente, resulta necesario esclarecer quién autorizó ese procedimiento, cómo se almacenaron los archivos y quiénes tuvieron acceso a ellos.

Asimismo, cualquier indicio serio sobre posibles afectaciones a menores de edad debe llegar a las autoridades competentes. Este tipo de denuncias exige especial rigor y protección de las personas involucradas.

Las acusaciones contra Gustavo Petro son graves. Precisamente por eso, no pueden quedar únicamente en declaraciones mediáticas.

La responsabilidad de demostrar los hechos corresponde a quienes los denuncian, mientras las autoridades deben garantizar una investigación objetiva y el respeto al debido proceso.

Por ahora, el episodio deja una confrontación abierta entre antiguos integrantes del Gobierno Petro, un anuncio de acciones judiciales y varios interrogantes que todavía carecen de respuestas verificables.