Por Diego Armando Borrego

La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del salario mínimo para 2026 no es un simple trámite jurídico; es la radiografía de un gobierno que, en su afán de imponer narrativas, olvidó cómo gobernar. Este fallo representa un golpe directo a la credibilidad del Pacto Histórico, desnudando tres falencias críticas que han marcado su administración: la improvisación técnica, el populismo económico y la incapacidad administrativa.

Aquí te explico por qué este evento es una derrota política mayor:

1. El triunfo de la ideología sobre la técnica

El hecho de que el alto tribunal señale que el gobierno no pudo sustentar técnicamente la cifra del 23,7% confirma la crítica más feroz de la oposición: este es un gobierno que toma decisiones con el deseo y no con la calculadora.

Al saltarse los requisitos de justificación (inflación, productividad, PIB), el gobierno demuestra que prefiere el golpe de opinión a la solidez económica. Queda en evidencia que la cifra no fue el resultado de un estudio riguroso para beneficiar al trabajador, sino una maniobra política que no soportó el más mínimo examen legal. Es la chapucería jurídica elevada a política de Estado.

2. Una promesa populista con pies de barro

Anunciar un aumento histórico del 23,7% creó una expectativa enorme en la base popular del Pacto Histórico. Al caerse el decreto por errores propios del Ejecutivo, el gobierno queda como un vendedor de ilusiones.

Políticamente, esto es devastador: le entregaron a la gente un cheque sin fondos. Ahora, el gobierno no puede culpar a la «oposición» ni a los empresarios; el decreto se cayó porque ellos mismos no hicieron bien la tarea. Esto fractura la confianza con su base social, que ve cómo las promesas de «dignidad» se desmoronan por pura ineptitud burocrática.

3. Ineptitud administrativa: Gobernar no es solo anunciar

El Consejo de Estado le dio al gobierno un plazo humillante de ocho días para corregir lo que debieron hacer bien desde el principio. Esto refuerza la narrativa de que el gabinete actual no sabe ejecutar.

Un error de procedimiento en algo tan crucial y rutinario como el salario mínimo denota una falta de gerencia alarmante. Si no pueden blindar jurídicamente el decreto más importante del año laboral, ¿qué garantías hay sobre sus otras grandes reformas? El mensaje que queda es de amateurismo.

4. Inseguridad Jurídica como legado

Al forzar un decreto sin sustento, el gobierno puso en riesgo la estabilidad de los contratos y la seguridad social de millones. Este «vacío normativo» del que habla la nota es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

Para los mercados y la inversión, esto es la confirmación de que el gobierno actual es un factor de riesgo. Un gobierno que legisla al borde de la ilegalidad, obligando a las cortes a intervenir para «enderezar el camino», genera un clima de incertidumbre que frena la economía real.

Este revés judicial desnuda a un gobierno que, tras años en el poder, sigue actuando como si estuviera en campaña. La caída del decreto no es culpa de una conspiración jurídica; es la consecuencia directa de la arrogancia administrativa. Para el Pacto Histórico, esto es un autogol: intentaron pasar a la historia con una cifra récord y terminaron pasando vergüenza por no saber llenar los requisitos de ley.