El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo en un 23 % ha puesto a los trabajadores en el centro de la conversación. A primera vista, la cifra parece un alivio para los más de cinco millones de trabajadores que dependen de ese ingreso; sin embargo, de acuerdo a los economistas, el efecto se extiende más allá de la hoja de pago y se traduce en una serie de tensiones que repercuten en la macroeconomía del país.

Mientras el salario mínimo aumentó un 23% este año, en Valledupar
decenas de familias seguirán viviendo del sustento que les deja el trabajo informal

En los hogares de clase trabajadora la noticia se recibe como un alivio. Con el nuevo piso salarial, el ingreso mensual promedio supera los 1,2 millones de pesos, lo que permite cubrir con mayor holgura la canasta básica y destinar un pequeño margen a educación o ahorro.
Para los asalariados formales, el aumento representa un incremento real del poder adquisitivo, sin embargo, esperan que la inflación no devore la ganancia. El panorama se vuelve más complejo para la economía nacional. Los empresarios, especialmente los de micro y pequeñas empresas, enfrentan un salto del 23 % en sus costos laborales. De acuerdo a las declaraciones de Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, la presión para los micro y pequeños empresarios se traduce en tres alternativas posibles: asumir el costo y pagar el 23% más a sus trabajadores, trasladarle parte importante e ese mayor costo de contratación al consumidor final subiendo los precios de los productos, “ Por eso la enorme preocupación que tenemos hoy sobre los efectos que esto va a tener en materia de inflación”, sostuvo el funcionario quien además agrega, que otra de las opciones que tiene el micro y pequeño empresario es disminuir la cantidad de trabajadores, lo que implicaría mayor desempleo o en su defecto, podrá decidir no contratar a sus trabajadores o a parte de ellos de manera formal sino empezar a pagarles informalmente, “Vamos a tener un 2026 mucho más duro en materia económica y eso sin contar con los efectos para el propio gobierno”, terminó diciendo el director ejecutivo de Fedesarrollo.

Los analistas del Banco de la República advierten que, si bien el estímulo al consumo interno es positivo a corto plazo, el efecto neto dependerá de la capacidad del aparato productivo para absorber el incremento sin sacrificar empleo. En el mediano plazo, la mayor presión sobre los precios podría obligar a una política monetaria más restrictiva, elevando las tasas de interés y encareciendo el crédito para empresas y hogares.
La presidenta de ACOPI, Maria Elena Ospina destacó que el 99.7% del tejido empresarial del país son micro, pequeñas y medianas empresas que además generan más del 80% del empleo formal del país. Sobre el incremento salarial aseguró que “con este aumento desproporcionado realmente nos pone en una situación muy difícil y muy complicada para la sostenibilidad empresarial; dado el alto costo que deben asumir por cada trabajador, en primera instancia se piensa en cómo se reducen los costos y cómo se empieza a reducir la planta de personal que gane un salario mínimo, esa es una de las consecuencias de abrir más esa brecha de la informalidad que actualmente está en más de 11 millones de colombianos que ganan mucho menos del salario mínimo y más de 10 millones que ganan un poco más y que obviamente no se van a ver beneficiados con este incremento”, sostuvo la funcionaria, quien advierte además que no va a haber un incremento salarial sino un aumento en la informalidad, en modelos de contratación que no sean laborales, en tercerización y esto va a afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
En el plano social, el aumento del salario mínimo es una señal clara del gobierno: la prioridad es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, la medida también pone de relieve la fragilidad de una economía que depende en gran medida del consumo interno y que aún lucha contra la informalidad. La clave está en acompañar el alza salarial con políticas que fomenten la productividad, la innovación y la capacitación, de modo que el incremento no sea solo un parche, sino el punto de partida de un ciclo de crecimiento sostenible. El 23 % ha abierto la puerta a un debate que trasciende los números: ¿hasta dónde puede crecer el salario mínimo sin comprometer la estabilidad macroeconómica? La respuesta, como siempre, estará en la capacidad de los actores –gobierno, empresarios y trabajadores– para encontrar un equilibrio que beneficie al bolsillo sin sacrificar la senda de desarrollo del país.