Ante la reaparición de grupos armados, el Comité de Justicia Transicional del Cesar define medidas cautelares para salvaguardar la integridad de las comunidades indígenas.
La situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta ha vuelto a encender las alertas en el departamento del Cesar. En esta ocasión, el foco principal de preocupación es la protección del pueblo indígena Kankuamo, comunidad que enfrenta la reactivación de amenazas asociadas a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio ancestral.
En consecuencia, el Comité Territorial de Justicia Transicional del Cesar sesionó de manera extraordinaria para definir acciones concretas. La reunión, realizada en cumplimiento de una orden judicial, busca garantizar que los compromisos institucionales se traduzcan en acciones reales en el territorio y no queden únicamente en el papel.
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Riesgos y reconfiguración del conflicto
Durante la sesión, las autoridades indígenas expusieron directamente el panorama que enfrentan, el cual está marcado por una preocupante reconfiguración de actores armados. En efecto, los líderes denunciaron limitaciones en la movilidad, presiones constantes sobre las familias y amenazas directas contra las autoridades del cabildo.
Como respuesta, se definieron medidas de protección inmediatas. Una de las principales es el fortalecimiento de la presencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que realizará nuevas evaluaciones de riesgo, tanto individuales como colectivas, para ajustar los esquemas de seguridad vigentes.

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Articulación interinstitucional y seguimiento
Además de las medidas físicas de protección, se acordó la creación de una mesa técnica liderada por el Gobierno Nacional. De igual forma, la Fiscalía General de la Nación se comprometió a avanzar con mayor celeridad en las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas.
Finalmente, el mensaje de este encuentro es claro: la situación del pueblo Kankuamo sigue siendo crítica. El éxito de estas medidas dependerá de la articulación permanente entre la Fuerza Pública, la Gobernación del Cesar y las autoridades locales para evitar que el conflicto escale nuevamente en el corazón de la Sierra Nevada.