El escándalo por la realización de una fiesta privada dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí ha tomado un giro judicial de gran envergadura. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez. El objetivo es determinar si el artista incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito tras su show en un evento presuntamente financiado por capos del narcotráfico.

La indagación se centra en el origen de los fondos utilizados para pagar la presentación del artista. Las autoridades sospechan que el dinero podría provenir de actividades ilícitas vinculadas a estructuras criminales que operan en Medellín. El evento tuvo lugar el pasado 8 de abril, en un pabellón donde se encuentran recluidos peligrosos cabecillas condenados por extorsión y tráfico de drogas.

Posible prevaricato y crisis en el Inpec

Además de la situación del cantante, el ente acusador inició un proceso por prevaricato por omisión contra varios funcionarios del Inpec. Se busca establecer cómo se permitió el ingreso irregular de Velásquez y su equipo técnico a un centro de reclusión de máxima seguridad, violando todos los protocolos de vigilancia.

Según las pruebas recolectadas, la celebración habría tenido como motivo el cumpleaños de un jefe criminal alias ‘Pocho’ y la despedida de alias ‘Lindolfo’. En videos difundidos en redes sociales, se observa a Nelson Velásquez interpretando sus éxitos mientras algunos internos consumen licor, un hecho prohibido por el reglamento penitenciario.

Consecuencias inmediatas y traslados

Tras la difusión de las imágenes, el Gobierno nacional ordenó medidas drásticas:

• Traslado de internos: Los cabecillas implicados fueron enviados a cárceles en Bogotá.
• Suspensión de diálogos: Se congeló la mesa de diálogo sociojurídico con grupos del Valle de Aburrá.
• Sanciones administrativas: 11 funcionarios del Inpec fueron apartados de sus cargos provisionalmente.

La investigación contra Nelson Velásquez y la cárcel de Itagüí reaviva el debate sobre los privilegios ilegales en los penales colombianos. Mientras el proceso avanza, las autoridades han incautado celulares, drogas y licor dentro del penal, evidenciando una falla crítica en el control de las cárceles de máxima seguridad del país.